AUDIO 48 PRESENTACIÓN NUEVA ESTRUCTURA
1. Marco Institucional y Fundamentos Político-Educativos
El presente informe comparativo tiene por objeto analizar de manera rigurosa y sistemática la configuración jurídica de los derechos y deberes que ostentan los tres pilares fundamentales de la comunidad educativa —alumnado, familias y profesorado—, contrastando el marco normativo articulado históricamente por los gobiernos del PSOE con las líneas orientadoras y principios dogmáticos que estructuran la propuesta alternativa del PP presentada en la publicación: “Una Ley non nata para el sistema educativo español en tiempos de incertidumbre” -elaborada como enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario del PP a la LOMLOE en 2020 y que ha permanecido oculta hasta ahora, septiembre de 2026 y a las puertas de unas elecciones generales de noviembre de 2026.
El conflicto ideológico de fondo radica en la articulación del modelo dual público-privado y la tensión entre la libertad de creación de centros y el derecho a la educación pública gratuita y programada. El marco consolidado del PSOE —articulado por la LODE de 1985, la LOGSE de 1990, la LOPEG de 1995 y LOMLOE de 2020— concibe la educación como un servicio público prioritario donde la intervención del Estado resulta indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades mediante la programación general de la enseñanza. Frente a esta visión, la propuesta del PP eleva el criterio de «demanda social» a rector de la oferta escolar. La consecuencia jurídica fundamental de esta alteración conceptual es la obligación impuesta a las Administraciones públicas de financiar la expansión de la red privada-concertada incluso cuando la oferta pública existente sea suficiente para atender las necesidades de escolarización. Este mecanismo de subsidiariedad estatal erosiona la capacidad del Estado para planificar equitativamente el sistema, desplazando la co-gestión participativa comunitaria propia del paradigma socialdemócrata hacia un esquema de libre mercado regido por el ideario del centro, el mérito individual y el reforzamiento de la autoridad docente.Esta concepción de la arquitectura institucional del sistema educativo condiciona de manera directa el estatuto jurídico, la autonomía y la consideración disciplinaria del alumnado, familias y profesorado dentro del entorno escolar.
2. Bloque I: El Alumnado — Derechos, Deberes, Convivencia y Atención a la Diversidad
La definición del estatuto del estudiante constituye un factor determinante en la vertebración del clima escolar y la efectividad de la equidad social. La delimitación de sus derechos y deberes refleja las prioridades de un modelo normativo: mientras un paradigma orienta su normativa hacia el desarrollo integral de la personalidad y la protección de la inclusión social, otro traslada el foco hacia el cumplimiento estricto de las normas de convivencia, la responsabilidad individual y la superación personal de la adversidad como garantías del orden académico.
El marco legislativo del PSOE consagra un catálogo de derechos integrales orientado al pleno desarrollo de la personalidad, la no discriminación y el respeto a la identidad e integridad del estudiante.. En este enfoque, los deberes del alumnado —tales como el estudio, el respeto a las normas del centro y la asistencia — se equilibran recíprocamente con el derecho indiscutible a recibir ayudas complementarias para compensar desventajas de origen personal, socioeconómico o cultural. En contraposición, las propuestas conservadoras reconfiguran este equilibrio al enfatizar el deber del esfuerzo individual y la disciplina estricta, desplazando la noción de protección inclusiva integral hacia una métrica centrada en el rendimiento individual y la sanción del incumplimiento de los deberes académicos.
La inasistencia colectiva a clase es un punto crítico de discrepancia. La LODE, en su artículo 8, garantiza formalmente el derecho de reunión y establece de forma explícita que las decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos a partir de 3º de ESO no tienen la consideración de faltas de conducta ni son objeto de sanción cuando derivan del ejercicio del derecho de reunión y son comunicadas previamente a la dirección del centro. La propuesta del PP elimina esta salvaguarda legal, despojando a la inasistencia colectiva de su estatus de ejercicio de derecho democrático de reunión para reclasificarla conceptualmente como un acto de indisciplina o falta de conducta sujeto a potestad sancionadora.
En materia de inclusión y atención a la diversidad, la LOGSE situó la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales bajo los principios de normalización e integración escolar. Para dotar de eficacia real a la equidad social, la LOPEG introdujo un mandato explícito de responsabilidad compartida al establecer que «los centros de una misma zona deberán escolarizar a estos alumnos en igual proporción» , vinculando jurídicamente a todos los centros sostenidos con fondos públicos —incluidos los privados concertados— a la admisión equilibrada de este alumnado. La propuesta del PP diluye este mecanismo corrector de distribución proporcional, favoreciendo una lógica de demanda de mercado que tiende a concentrar las necesidades educativas especiales en la red pública, liberando a la red concertada de esta obligación equitativa e intensificando la segregación escolar.
Además, el debate sobre la educación especial refleja dos visiones frente al mandato internacional. La LOMLOE fija un plazo de diez años para dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios para atender a todo el alumnado con discapacidad, convirtiendo la educación especial en centros de referencia y formación para el profesorado. Por el contrario, la propuesta del PP prima la libertad de elección familiar, garantizando que los padres decidan el modelo educativo (ordinario o especial) para sus hijos, en contra de lo ratificado por España en 2006 al aprobar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de la exigencia del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (pag.8 párf 7) de abolir la escolarización segregada y la inclusión obligatoria en la escuela ordinaria
Este estatuto disciplinario y sustantivo del alumnado se vincula directamente con el rol que el ordenamiento asigna a los padres y tutores legales en la corresponsabilidad de la acción pedagógica y en la gobernanza general de las instituciones escolares.
3. Bloque II: Padres, Madres y Familias — Elección de Centro, Participación y Responsabilidad Parental
La función reservada a las familias en el sistema educativo sintetiza la tensión doctrinaria entre la efectividad del derecho a elegir centro docente y la obligación pública de garantizar una oferta escolar planificada, gratuita y libre de segregación, incluida la socioeconómica.
La confrontación estructural entre el principio de planificación pública y la libertad de elección se manifiesta con claridad en la configuración del procedimiento de admisión. El marco consolidado por la LODE y la LOGSE subordina el ejercicio de elección de centro a la programación general de los puestos escolares realizada por las Administraciones educativas, cuyo fin primordial es optimizar los recursos públicos, garantizar la gratuidad efectiva y asegurar la cohesión social mediante una oferta equilibrada.
Por el contrario, la propuesta del PP consagra el criterio de «demanda social» y la libertad de elección del ideario del centro -pero no su cambio- como rectores de la oferta escolar. Como consecuencia de este cambio de estándar jurídico, las administraciones quedan obligadas a financiar con fondos públicos el concierto de unidades en la red privada aun en presencia de plazas públicas vacantes suficientes en la misma zona de escolarización, subordinando la planificación patrimonial del Estado a las preferencias individuales del mercado escolar.
La gobernanza de la institución escolar se ve condicionada por el alcance dado a la participación familiar, transitando entre la co-gestión democrática del centro y la simple exigencia de responsabilidad en el cumplimiento del deber escolar.En cuanto a la gobernanza y la participación, la legislación del PSOE sitúa a las familias como miembros de pleno derecho del Consejo Escolar, con capacidad para intervenir activamente en la toma de decisiones, la aprobación del presupuesto y la evaluación de la marcha del centro. La visión conservadora degrada esta participación decisoria, reconfigurando al Consejo Escolar como un órgano de carácter predominantemente consultivo. De este modo, el rol familiar se desplaza desde un modelo de co-gestión comunitaria e intervención social en el control de los fondos públicos hacia un esquema gerencialista donde la presencia de los padres queda restringida al seguimiento del rendimiento académico de sus hijos y al acatamiento de las directrices de la dirección del centro. Asimismo, la propuesta del PP añade un conjunto de deberes explícitos dirigidos a reforzar las obligaciones de las familias frente al centro escolar, exigiendo un apoyo expreso a la autoridad del profesorado y una corresponsabilidad estricta en el cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas a sus hijos. Este enfoque contrasta con la arquitectura de la LODE, que concibe la corresponsabilidad parental desde un prisma de cooperación socioeducativa, apoyo en el proceso de aprendizaje y participación en compromisos educativos para la mejora continua del estudiante.
El nivel de exigencia disciplinaria planteado a las familias guarda una relación directa con el estatus institucional y la protección jurídica que el sistema otorga a la figura del profesorado.
4. Bloque III: Profesorado y Gobernanza del Centro — Autoridad Docente, Función Directiva y Consejo Escolar
El modelo de gobernanza escolar y la caracterización jurídica del cuerpo docente definen la naturaleza misma del centro público: un espacio participativo, deliberativo y colegiado, o una estructura organizada bajo esquemas de liderazgo jerárquico y orientación gerencial. En la definición del evidente estatus y función del profesorado, la LOGSE concibe la tarea docente desde un paradigma instructivo, tutorizativo e investigador, donde la formación permanente representa tanto un derecho como un deber y la orientación psicopedagógica se integra en el rol educativo. La propuesta del PP, por su parte, prioriza el reforzamiento legal del profesorado mediante su consideración como «autoridad pública», otorgándole presunción de veracidad y protección jurídica punitiva para abordar los problemas de convivencia dentro de las aulas.
En el ámbito de la función directiva, el marco normativo previo delimita con precisión dos mecanismos diferenciados de selección según la titularidad del centro: en los centros públicos, la LOPEG establece un procedimiento democrático participativo donde el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores desempeñan un papel determinante en la elección del Director; en los centros privados concertados, la LODE atribuye la designación al titular del centro, exigiendo previamente un informe favorable adoptado por mayoría del Consejo Escolar. La propuesta del PP altera este equilibrio en la red pública mediante la implantación de un modelo de selección gerencial jerárquico, en el que la Administración educativa asume un peso mayoritario en las comisiones de selección, postergando la legitimación comunitaria en favor de la acreditación de competencias directivas de corte ejecutivo.Esta reestructuración gerencial conlleva una drástica pérdida de facultades decisorias del Consejo Escolar El objetivo esencial estriba en restaurar el prestigio social y el poder de mando de la figura docente.
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Bajo el marco normativo del PSOE, el Consejo Escolar aprueba el presupuesto, decide sobre la admisión de alumnos, interviene de forma vinculante en la selección del director y supervisa la aplicación de normas disciplinarias. Las propuestas del PP degradan sus atribuciones a meras funciones consultivas o de informe, concentrando las potestades presupuestarias, organizativas y disciplinarias en la figura unipersonal del Director. Frente a esta jerarquización de la gestión, la legislación del PSOE articuló las garantías de calidad como una obligación prestacional de recursos a cargo del Estado y no como el resultado del control disciplinario o la competencia entre centros.
Estos cambios estructurales en la gobernanza y la organización escolar requieren ser analizados a la luz de las evidencias empíricas internacionales relativas al desempeño y la equidad de los sistemas educativos.
5. Análisis Crítico Cruzado: Contradicciones entre las Propuestas del PP y la Evidencia Internacional (OCDE / NCEE)
El contraste entre los marcos legislativos nacionales y los hallazgos empíricos acumulados por organismos internacionales —como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el National Center on Education and the Economy (NCEE)— aporta rigor técnico a la evaluación de las políticas públicas de ordenación escolar.
Equidad y Comprensividad frente a Segregación: La OCDE señala de manera consistente que los sistemas educativos de mayor rendimiento y equidad son aquellos que retrasan la selección temprana del alumnado y mantienen estructuras comprensivas durante la escolaridad obligatoria. La LOGSE implantó la educación comprensiva hasta los 16 años, garantizando un currículo común que frena la reproducción de las desigualdades socioeconómicas de origen. La propuesta del PP, centrada en la selección prematura mediante itinerarios jerarquizados en la ESO, contradice la evidencia internacional: los análisis comparados demuestran que la adscripción temprana a vías diferenciadas incrementa el abandono escolar prematuro y refuerza la segregación socioeconómica de los centros sin aportar mejoras significativas en el rendimiento promedio global.
Gobernanza, Liderazgo y Autonomía Escolar: Las investigaciones del NCEE y la OCDE subrayan que la mejora sostenible de la calidad educativa depende del liderazgo pedagógico distribuido, la capacidad organizativa interna y el alto compromiso de la comunidad escolar. Frente a esta tendencia, la propuesta conservadora impone una gestión del clima escolar basada en la centralización directiva y el punitivismo legal. La evidencia demuestra que las medidas punitivas y el reforzamiento formal de la autoridad resultan ineficaces para mejorar el clima de aprendizaje si no se sustentan en recursos materiales y humanos garantizados por ley, tales como las ratios reducidas y los equipos de orientación psicopedagógica.
Evaluación del Sistema: Diagnóstico Formativo vs. Reválidas Clasificatorias: En la arquitectura de la LOGSE y la LOPEG, la evaluación del sistema se confió al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) bajo un paradigma formativo, holístico y diagnóstico, destinado a evaluar a alumnos, profesores, centros y a la propia Administración para orientar la mejora continua. Por el contrario, la propuesta del PP introduce evaluaciones sumativas externas al final de cada etapa escolar ( reválidas ) vinculadas a la publicación de rankings públicos de centros. Los estudios de la OCDE y el NCEE advierten reiteradamente de los riesgos de este modelo sumativo: estrechamiento del currículo ( «enseñanza para el exámen» ), exclusión de las competencias no evaluables en pruebas estandarizadas y profundización de la segregación entre centros docentes según la composición socioeconómica de su alumnado.
6. Síntesis Comparativa Final
El análisis comparado evidencia dos concepciones opuestas del sistema educativo: el marco consolidado del PSOE sitúa la equidad, la comprensividad y la democracia participativa en el centro del modelo escolar, mientras que la propuesta legislativa del PP reorienta la ordenación educativa hacia la autoridad individual, la dirección gerencial y la diferenciación por mérito.
En conclusión, la evolución de la legislación educativa española refleja un debate permanente sobre la ponderación de los principios constitucionales del artículo 27. Mientras el paradigma socialdemócrata prioriza la compensación de desigualdades mediante la programación pública y la participación colegiada de la comunidad escolar, el paradigma conservador antepone la libertad de mercado, el fortalecimiento de la dirección escolar, la autoridad pública del profesorado, la disciplina formal y la exigencia del rendimiento individual y la cultura de la evaluación sumativa individualizada.
Fuentes: “Una Ley non nata para el sistema educativo español en tiempos de incertidumbre” y leyes educativas
